lunes, 28 de mayo de 2012

ACCESO A TRATAMIENTO EXCLUIDO POR EL POS-S MEDIANTE TUTELA Y CONCEPTO DE MÉDICO TRATANTE – SENTENCIAS T-944 DE 2011 (MP. VARGAS SILVA) Y T-760 DE 2008 (MP. CEPEDA ESPINOSA).


ACCESO A TRATAMIENTO EXCLUIDO POR EL POS-S MEDIANTE TUTELA Y CONCEPTO DE MÉDICO TRATANTE – SENTENCIAS T-944 DE 2011 (MP. VARGAS SILVA) Y T-760 DE 2008 (MP. CEPEDA ESPINOSA).

PALABRAS CLAVES:
MÉDICO TRATANTE – TRATAMIENTO EXCLUIDO POR EL POS – TUTELA

¿Cuándo se puede solicitar por vía de tutela el amparo al derecho constitucional fundamental a la salud?

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia – Sentencia T-944 de 2011 (MP. Vargas Silva), Sentencia T- 091 de 2011 (MP. Vargas Silva), Sentencia T-999 de 2008 (MP. Sierra Porto), Sentencia T-576 de 2008 (MP. Sierra Porto), Sentencia T-1080 de 2007(MP. Sierra Porto), Sentencia T- 635 de 2007 (MP. Sierra Porto)  – ha dicho que procede cuando se trata de:
“(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de la incapacidad económica para asumirlas. En estos últimos casos, el contenido del derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios.” Sentencia T- 635 de 2007 (MP. Sierra Porto).

¿Cuáles son los requisitos  para acceder a un tratamiento excluido por el POS-S y dónde se encuentran?

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia – Sentencia T-944 de 2011 (MP. Vargas Silva), Sentencia T-745 de 2009 (MP. Mendoza Martelo), Sentencia T-928 de 2003 (MP. Vargas Hernández), Sentencia T-016 de 2007 (MP. Sierra Porto), Sentencia T-300 de 2001 (MP. Vargas Hernández) – ha fijado una serie de requisitos para que por medio de acción de tutela se pueda acceder a un tratamiento excluido por el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y también el Contributivo (POS-S y POS-C):
“1.     Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado, 
2.     Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente;  
3.     Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.).  
4.     Finalmente, que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.” (Sentencia T-300 de 2001, MP. Vargas Hernández).

¿Cómo probar el requisito de incapacidad económica?

La Corte Constitucional había fijado –  Sentencia T-942 de 2009 (MP. Pretelt Chaljub), Sentencia T-206 de 2008 (Vargas Hernández), Sentencia T-223 de 2006 (MP. Vargas Hernández), Sentencia T-683 de 2003 (MP. Montealegre Lynett) – ha el modo en que quien interpone la tutela puede probar su incapacidad económica:
“(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos del POS; (v) en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad”. (Sentencia T-683 de 2003, MP. Montealegre Lynett)
No obstante lo anterior, desde línea jurisprudencial iniciada anteriormente la Corte Constitucional – Sentencia T-944 de 2011 (MP. Vargas Silva), Sentencia T-195 de 2011 (MP. Sierra Porto), Sentencia T-091 de 2011 (MP. Vargas Silva), Sentencia T-531 de 2009 (MP. Sierra Porto), Sentencia T-899 de 2008 (MP. Sierra Porto), Sentencia T-572 de 2006 (MP. Monroy Cabra), Sentencia T-410 de 2002 (MP. Monroy Cabra) – había fijado una presunción de incapacidad económica:
“hay presunción de incapacidad económica frente a los afiliados al SISBEN teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población” (Sentencia T-572 de 2006, MP. Monroy Cabra).

¿Cómo reconocer el criterio de un médico que no esté vinculado a la EPS para que ella acceda a prestar el servicio recomendado?

La Corte ha reconocido que el criterio del médico tratante de la EPS es el principal, pero no es exclusivo, en la medida en que se reconoce que en ocasiones no es posible acceder a los médicos de estas entidades y no se puede desconocer que las personas accedan a servicios médicos externos, permitiendo así el desarrollo del principio de integralidad del servicio de salud; el diagnóstico del médico particular obliga a la EPS cuando:
“(i) ésta ha admitido a dicho profesional como ‘médico tratante’, así no éste adscrito a su red de servicios. (ii) La EPS no se opuso y guardó silencio cuando tuvo conocimiento del concepto de un médico externo (al que a veces se refieren como ʽla entidad no lo ha desvirtuado, según las razones científicas pertinentes en el caso específico del pacienteʼ); (iii) éste se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales correspondientes, sea cual fuere la razón que dio lugar a la mala prestación del servicio” (Negrilla fuera del texto original) (Sentencia T-944 de 2011, MP. Vargas Silva; Sentencia T-320 de 2009, MP. Palacio Palacio; Sentencia T-760 de 2008, MP Cepeda Espinosa).
            A su vez el diagnóstico está compuesto por:
“Todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a demostrar la presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus complicaciones y consecuencias presentes y futuras para el paciente y la comunidad, éstas son: (i) La práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y (iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos disponibles”. (Sentencia T-944 de 2011, MP. Vargas Silva; Sentencia T-050 de 2010, MP. Mendoza Martelo; Sentencia T-717 de 2009, MP. Mendoza Martelo; Sentencia T-725 de 2007, MP. Botero Marino).

            ANEXO.

Consideramos bastante beneficioso leer el siguiente fragmento de la sentencia T-760 de 2008 del MP. Cepeda Espinosa por cuanto cita abundante jurisprudencia en lo que se refiere al diagnóstico dado por el médico tratante externo a la EPS: 

“4.4.2. El concepto científico del médico tratante es el principal criterio para establecer si se requiere un servicio de salud, pero no es exclusivo.
En el Sistema de Salud, la persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente.[1] La jurisprudencia constitucional ha considerado que el criterio del médico relevante es el de aquel que se encuentra adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio; por lo que, en principio, el amparo suele ser negado cuando se invoca la tutela sin contar con tal concepto.[2]
No obstante, el concepto de un médico que trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso concreto.[3]  Tales consideraciones pueden ser las que se deriven del concepto de un médico adscrito a la EPS o de la valoración que haga el Comité Técnico Científico, según lo haya determinado cada EPS. La jurisprudencia constitu­cional ha valorado especialmente el concepto de un médico no adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio, cuando éste se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales correspondientes,[4] sea cual fuere la razón que dio lugar a la mala prestación del servicio.[5] También ha indicado la jurisprudencia que la orden médica obliga a la entidad, si en el pasado ha valorado y aceptado sus conceptos como ‘médico tratante’,[6] incluso así sean entidades de salud prepagadas, regidas por contratos privados.[7]
Una interpretación formalista de la jurisprudencia constitucional en materia de acceso a los servicios de salud, por ejemplo, con relación a la exigencia de que el médico que ordene el servicio requerido debe estar adscrito a la entidad, puede convertirse en una barrera al acceso. Por eso, cuando ello ha ocurrido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que las órdenes impartidas por profesionales de la salud idóneos, que hacen parte del Sistema, obligan a una entidad de salud cuando ésta ha admitido a dicho profesional como ‘médico tratante’, así no éste adscrito a su red de servicios.[8] En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte cuando la EPS no se opuso y guardó silencio cuando tuvo conocimiento del concepto de un médico externo.[9]
La jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a la salud cuando el servicio se ‘requiere’, por ser ordenado por el médico tratante, pero no así cuando el servicio es ‘útil’ y el médico sólo lo recomienda sin ser indispensable.[10] En tal evento, por ejemplo, ha fijado un límite al derecho.
Ahora bien, en ocasiones el médico tratante requiere una determinada prueba médica o científica para poder diagnosticar la situación de un paciente. En la medida que la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios de salud que requiera, toda persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre de alguna afección a su salud que le conlleve requerir un determinado servicio de salud. Esta es, por tanto, una de las barreras más graves que pueden interponer las entidades del Sistema al acceso a los servicios que se requieren, puesto que es el primer paso para enfrentar una afección a la salud. Así pues, no garantizar el acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el derecho a la salud.[11]”



[1] Este criterio ha sido ampliamente acogido y desarrollado por la jurisprudencia constitu­cional. Puede consultarse al respecto, entre otras, las sentencias T-271 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), SU-480 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero) y SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-414 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Her­nán­dez), T-786 de 2001 (MP Alfredo Beltrán Sierra) y T-344 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[2] En varias ocasiones la Corte Constitucional ha negado el amparo de tutela solicitado por un accionante, por el hecho de solicitar un servicio de salud que fue ordenado por un médico que no está adscrito a la EPS a la que la persona se encuentra afiliada. Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-378 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-741 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-476 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[3] En la sentencia T-500 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), por ejemplo, la Corte consideró que el concepto emitido por un médico contratado por la accionante, según el cual era necesario practicar un examen diagnóstico (biopsia) para determinar la causa del malestar que sufría la persona (un brote crónico que padece en la frente que le generaba “una picazón desesperante”), obligaba a la EPS, que había consideró la patología en cuestión como de ‘carácter estético’ sin que hubiera ofrecido argumentos técnicos que fundamentaran dicha consideración, a evaluar la situación de la paciente adecuadamente, “(i) asignando un médico que tenga conocimiento especializado en este tipo de patologías y (ii) realizando los exámenes diagnósticos que éste eventualmente llegare a considerar necesarios”.
[4] Recientemente, en la sentencia T-083 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo) la Corte resolvió tutelar el derecho a la salud de una persona de la tercera edad (87 años), “que ante la omisión de la EPS acudió a un médico particular, quien, en sentido totalmente contrario al de la EPS, emitió un diagnóstico que refleja una condición médica grave con características de urgencia vital y le recomendó un tratamiento urgente.”.
[5] Al respecto ver la sentencias T-304 y T-835 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y T-1041 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[6] En la sentencia T-1138 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil) se decidió dar validez a un concepto de un médico tratante no adscrito a la entidad encargada (Mutual Ser) de garantizar la prestación del servicio requerido (un implante coclear), por cuanto existía una probada relación contractual, y se trataba de un profesional competente que atendía al paciente.
[7] En la sentencia T-662 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil) la Corte ordenó a una entidad de medicina prepagada autorizar el servicio de salud (implante coclear) ordenado por un médico no adscrito a su entidad (Colmédica Medicina Prepagada), entre otras razones, porque una autorización previa por parte de la entidad para un servicio similar, había implicado “el reconocimiento a la idoneidad del médico tratante para atender la enfermedad del actor y, de otra, el reconocimiento tácito de la existencia de un vínculo jurídico, para el caso concreto, entre ella y el médico tratante, dada la autorización de la cirugía practicada por este último y la asunción del mayor costo del servicio prestado.” En este caso la Corte tuvo especial atención a los principios de continuidad en el servicio y confianza legítima.
[8] En las sentencias T-1138 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-662 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), por ejemplo, la Corte consideró que la órdenes impartidas por los médicos debían ser acatadas, así no estuvieran adscritos ‘formalmente’ a la entidad acusada, por cuanto ya habían sido tratados como médicos tratantes o hacían parte de su red de contratistas. Se tuvo en cuenta que se trataba de profesionales de la salud reconocidos, que hacían parte del Sistema y habían tratado al paciente al que le habían dado la orden, es decir, conocían su caso.
[9] En la sentencia T-151 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), siguiendo lo dispuesto en sentencias tales como la T-835 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), se consideró lo siguiente: “el examen diagnóstico prescrito por el especialista en nefrología pediátrica [al menor], es requerido para determinar el origen de su afección y proporcionar el tratamiento adecuado para ésta, pues los medicamentos y exámenes realizados hasta el momento se han mostrado ineficaces para revelar cuál es la situación específica de salud del niño. […] Además, la intervención del médico externo al Instituto de Seguro Social fue posterior a que los médicos adscritos a la entidad hubieran atendido, sin resultados satisfactorios al menor. Igualmente, el padre del menor presentó ante el ISS el concepto del médico externo, con el fin de que un médico adscrito lo valorara, pero no recibió ninguna respuesta. […] Por esta razón, la negativa de la EPS a ordenar la práctica del examen, fundada en que el médico que lo ordenó no se encuentra adscrito a dicha entidad, es violatoria de los derechos fundamentales del menor.” El juez de instancia había negado por que la orden médica la había impartido un médico que no estaba adscrito a la EPS acusada.
[10] Por ejemplo, en la sentencia T-277 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) se resolvió no tutelar el derecho de una mujer a acceder al servicio de salud solicitado (implante coclear) por cuanto el mismo no había sido ‘ordenado’ sino ‘sugerido’ por el médico tratante.
[11] En muchos casos la jurisprudencia ha garantizado el acceso a un examen diagnóstico. Entre otras, ver las sentencias T-862 de 1999 (Carlos Gaviria Díaz), T-960 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-273 de 2002 (Rodrigo Escobar Gil), T-232 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-871 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-762 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-887 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería), T-940 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).

lunes, 7 de mayo de 2012

Jurisprudencia sobre derechos en seguridad social de las parejas homosexuales


Sentencia
Consideraciones
Decisión
Sentencia C-075 de 2007
MP. ESCOBAR GIL
Sería un acto discriminatorio no justificado la exclusión de las parejas del mismo sexo en cuanto a la protección patrimonial otorgada por la posibilidad de formar una unión marital de hecho, en razón de contradecir el libre desarrollo de la personalidad, y atentar contra la dignidad  - “lesiona su autonomía y capacidad de autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto de vida en común produzca efectos jurídico patrimoniales” – al dejar sin protección a este grupo de personas.
Dentro del régimen patrimonial de la Ley 54 de 1990, junto con sus modificaciones, deberá entenderse que también le es aplicable a las parejas homosexuales.
Sentencia C-521 de 2007
MP. VARGAS HERNÁNDEZ
Sería un acto discriminatorio no justificado que con la sola consecución del matrimonio sea un cónyuge beneficiario de la afiliación como cotizante del otro cónyuge, mientras que en la unión marital de hecho se requieran por lo menos dos años de convivencia para poder adquirir tal derecho. No es posible tratar igual los requerimientos para formar derechos económicos la unión marital de hecho, a los que se necesitan para adquirir derechos en cuanto a la prestación del servicio de seguridad social, pues contradice esto el derecho fundamental a la vida digna de quienes optan por vivir de esta manera, y el fin del Estado de la protección integral de la familia.
“La condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto”.
Se declara inexequible la expresión “cuya unión sea superior a dos años” del Art. 163 de la Ley 100 de 1993, requisito que se establecía para considerar incluido dentro de la cobertura familiar al compañero permanente del cotizante.
Sentencia C-811 de 2007
MP. MONROY CABRA
“La exclusión del régimen de seguridad social en salud del miembro homosexual de la pareja  constituye una vulneración de su derecho a la dignidad humana, pues la exclusión está fundada esencialmente en su libre opción sexual, lo cual hace de su derecho una garantía directamente protegida por la Carta. En tanto que la Corporación reconoce que la protección del derecho a la salud puede ser amparada directamente por vía de tutela, cuando la misma implica la violación de la dignidad humana, la Corte infiere que la medida que excluye de la prestación del servicio de salud se encuentra en abierta contradicción con la dignidad humana del individuo y, por tanto, contraria al texto de la Carta, razón de más para considerar que el vacío detectado resulta inconstitucional.”
Además, contrariaría el fin mismo de nuestro sistema de seguridad social pues “la tendencia de alcance progresivo de la seguridad social (art. 48 C.P.), aunada al reconocimiento de ciertos derechos a las parejas del mismo sexo, cuyo ejercicio involucra el ejercicio de su libertad y de su dignidad personal, impone considerar que, frente a un déficit de protección en salud que se considera ilegítimo, por desproteger una opción de vida amparada por la Corte, es obligación del Estado el diseño de los mecanismos que amplíen la cobertura del sistema y eliminen tales deficiencias.”
Entender que al referirse el Art. 163 de la Ley 100 de 1993, que trata sobre la cobertura familiar del sistema de seguridad social, a los compañeros permanentes se entienden incluidas las parejas del mismo sexo. Acreditando tal situación de acuerdo con la Sentencia C-521 de 2007.
Sentencia C-336 de 2008
MP. VARGAS HERNÁNDEZ
En cuanto al derecho a la igualdad la Corte ha considerado que:
“La Corte no considera que el principio democrático pueda en verdad avalar un consenso mayoritario que relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría. El principio de igualdad (C.P. art. 13), se opone, de manera radical, a que a través de la ley, por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría. Los prejuicios fóbicos o no y las falsas creencias que han servido históricamente para anatematizar a los homosexuales, no otorgan validez a las leyes que los convierte en objeto de escarnio público.”

Por otro lado, el sistema de seguridad social funciona en concordancia con unos principios entre ellos el de universalidad, por ello:
“La universalidad es el principio relacionado con la cobertura de la Seguridad Social: comprende a todas las personas. Ello es natural porque si, como se estableció, la dignidad es un atributo de la persona, no es entonces concebible que unas personas gocen de vida digna y otras no. Las calidades esenciales de la existencia no sabrían ser contingentes. Simplemente, si son esenciales, se predican de todas las personas”

En concordancia con lo anterior, el “trato discriminatorio para las parejas homosexuales (…) conlleva a que se encuentren en un déficit de protección en cuanto al beneficio de la pensión de sobrevivientes. Por tanto, con el fin de remover la citada situación, contraria a la Constitución, la protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas heterosexuales, debe ser ampliada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual al que vienen siendo sometidas las personas que en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido conformar una pareja con una persona de su mismo género”

Están incluidos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes  de la Ley 100 de 1993, junto con sus modificaciones, aquellas parejas que formen unión marital de hecho acreditada en los términos de la Sentencia C-521 de 2007.
Sentencia T-1241 de 2008
MP. VARGAS HERNÁNDEZ

Sentencia T-911 de 2009
MP. PINILLA PINILLA
Reclama el compañero permanente supérstite la pensión de sobreviviente causada por el compañero fallecido en el año de 1999, en razón del nuevo precedente sentado por la Corte con las sentencias de los años recientes. (1ERA SENTENCIA)
Reclama el compañero permanente supérstite la pensión de sobreviviente causada por el compañero fallecido en el año de 2007, en razón del nuevo precedente sentado por la Corte con las sentencias de años recientes. (2DA SENTENCIA)
Cabe añadir que en ninguno de los casos acreditaron cuando el fallecido vivía la unión marital de hecho ante notario.


Se ha establecido la Constitución como un límite de la regulación des sistema de seguridad social, “una de las restricciones más importantes a las que se ha referido esta Corporación es la inserción de clasificaciones subjetivas irrazonables como, por ejemplo, aquellas que constituyen injerencias arbitrarias en el fuero interno de las personas.  Una aplicación puntual de esta restricción es el respeto del derecho fundamental a la libre opción sexual o potestad de autodeterminación sexual, de acuerdo al cual “el comportamiento sexual, amén de pertenecer a la esfera más íntima del ser humano, hace parte estructural de su libertad personal, lo cual descarta cualquier intervención del Estado y la sociedad, pues no se trata de una situación en la que se entienda comprometido el interés público o de la que pueda derivarse un perjuicio social””.

No obstante lo anterior, en este caso no se ha acreditado la existencia de la unión marital de hecho conforme a la sentencia C-521 de 2007.
Negar el amparo del compañero permanente supérstite para beneficiarse de la pensión de sobreviviente en virtud de no haber acreditado como correspondía la unión marital de hecho.
Sentencia T-051 de 2010
MP. GONZÁLEZ CUERVO

Sentencia T-592 de 2010
MP. GONZÁLEZ CUERVO
Reclama el compañero permanente supérstite la pensión de sobreviviente causada por el compañero, en razón del nuevo precedente sentado por la Corte con las sentencias de los años recientes (Se resuelven tres casos semejantes). (1ERA SENTENCIA)
Reclama el compañero permanente supérstite (que padece VIH) la pensión de sobreviviente causada por el compañero fallecido, en razón del nuevo precedente sentado por la Corte con las sentencias de los años recientes. (2DA SENTENCIA)
Cabe añadir que en ninguno de los casos acreditaron cuando el fallecido vivía la unión marital de hecho ante notario.

En cuanto a los medios probatorios, la Corte encuentra “que la remisión hecha por la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 a la sentencia C-521 de 2007 en el sentido de exigir como condición para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de parejas del mismo sexo la declaración de unión material de hecho ante notario firmada por los dos integrantes de la pareja del mismo sexo, fue pensada para solicitar la afiliación en salud y no puede aplicarse, sin más ni más, en el caso de la pensión de sobrevivientes. En otras palabras: resulta evidente que tal previsión fue establecida en relación con la afiliación a la seguridad social en salud de compañeros y compañeras permanentes”

Así, bajo el principio de interpretación PRO HOMINE se aparta entonces de lo decidido en sentencias como la T-1241 de 2009 y la T-911 de 2009.

“Para el asunto bajo examen estas previsiones contenidas en el artículo 13 superior cumplen un papel de especial importancia. De un lado, exigen tener claridad sobre la posible existencia de grupos discriminados –en el caso que ocupa la atención de la Sala, las personas homosexuales quienes ante una interpretación restrictiva de lo consignado en la sentencia C-336 de 2008 se verán imposibilitadas de acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente pues, como antes se dijo, la exigencia que en materia de afiliación a salud es razonable y justificada, en materia de reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente se torna desproporcionada e injustificada e implica admitir un trato discriminado pues al compañero o a la compañera permanente heterosexual no se le exige dicha prueba”

“De otra parte, no puede perder de vista la Sala que en todos los tres casos fue factible constatar la falta de aplicación del principio de buena fe. En las tres eventualidades no se da crédito a las afirmaciones hechas por los peticionarios cuando afirman haber mantenido una relación permanente y singular con sus compañeros permanentes –afirmación que desde luego acreditan como se indicó aportando declaración notarial extraprocesal–, o cuando refieren su situación de dependencia económica y exteriorizan la necesidad de que se les confiera el amparo tutelar. Sorprende que ni las entidades demandadas ni los jueces de tutela tengan conciencia de la situación de exclusión y de discriminación en que históricamente se han hallado las personas homosexuales hasta el punto de imponerles exigencias que, dada esa situación, significa dejarlas por entero desprotegidas o reducir considerablemente la protección de sus derechos”.
Tutela los derechos de los accionantes, entendiendo que disponen de los mismos medios probatorios que los del compañero permanente supérstite de una pareja heterosexual para acreditar la unión marital de hecho.
Sentencia T-860 de 2011
MP. SIERRA PORTO
Reclama el compañero permanente supérstite (que padece VIH) la pensión de sobreviviente causada por el compañero fallecido en el año de 1998, en razón del nuevo precedente sentado por la Corte con las sentencias de los años recientes.
Los efectos de una sentencia en el tiempo:
“El efecto práctico de una sentencia de control sobre la norma controlada (inexequibilidad o exequibilidad condicionada) debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento en que se expide la sentencia. Tal como se explicó en la citada T-389 de 2009, este efecto temporal coincide con la noción de los efectos temporales de actos jurídicos, denominados efectos ex nunc. Éstos suponen, justamente, efectos inmediatos, hacia el futuro y vinculantes para situaciones jurídicas originadas en el pasado y en curso. Por ello, la Corte Constitucional ha desarrollado la tesis según la cual, por regla general los efectos de sus sentencias de constitucionalidad son ex nunc, salvo que la misma Corte asigne otros efectos temporales, en los términos del artículo 45 de la Ley 270 de 1996.”
“La posibilidad de afectar situaciones jurídicas en curso originadas en el pasado es lo que se ha denominado efecto retrospectivo, los cuales son bien distintos de los efectos retroactivos cuya prohibición pretende que la sentencia (o la norma) no afecte situaciones jurídicas consolidadas en el pasado.”
Por ello, “si no existe en el caso concreto ninguna situación jurídica consolidada, el hecho de que la muerte uno de los miembros de la pareja del mismo sexo haya acaecido antes de la notificación de la sentencia C-336 de 2008 no constituye una razón admisible para negarle al miembro supérstite la pensión de sobrevivientes.”
No es posible hacer distinción en cuanto a los medios probatorios necesarios para acreditar la unión marital de hecho con el fin de acreditar que es beneficiario de la pensión de sobreviviente para el miembro supérstite de una pareja homosexual y una heterosexual, es decir ambos cuentan con los mismos medios probatorios que son: “(i) escritura pública ante notario, (ii) acta de conciliación, (iii) sentencia judicial, (iv) inscripción del causante de su compañero(a) en la respectiva entidad administradora de pensiones y (v) cualquier medio probatorio previsto en la ley”.
Se revocan los fallos en contra del actor para que así, acreditando la unión marital de hecho conforme a los varios medios probatorios otorgados en la sentencia, pueda hacerse beneficiario de la pensión de sobreviviente.



martes, 17 de abril de 2012

Justificación de la Corte Constitucional para declarar inexequible los artículos

Noticia extraída del Períodico Ámbito Jurídico, edición de la fecha 27 de junio al 10 de julio de 
2011.


Palabras claves:

LEY 1395 DE 2010 – COMPETENCIA TERRITORIAL – MATERIA LABORAL.

Para empezar el análisis de este hecho empezaremos por definir el test de proporcionalidad utilizado por la Corte Constitucional para definir la constitucionalidad de las normas legales, en la medida en que los resultados obtenidos de su implementación fueron las razones que constituyeron la decisión.

Para utilizar el test de proporcionalidad primero se debe definir la intensidad de su uso conforme a los criterios propios de cada Estado, que en nuestro caso así corresponden:
“El escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: de un lado, cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, puesto que la Carta indica que todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades (CP art. 13). De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías  (CP art. 13). En tercer término, cuando la Carta señala mandatos específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas (CP art, 19), pues en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada. Y, finalmente, cuando la regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta ya que éstas ameritan una especial protección del Estado (CP art. 13”) (Sentencia C-372 de 2011, MP. Pretelt Chaljub)


Después se procederá a realizar una serie de sub-tests que si resultan aprobados permitirán concluir que la norma legal sujeto de evaluación es constitucional, pero bastará con que uno no sea aprobado para que tal norma sea entonces contraria a los fines de la Constitución. Ellos son:
“(i) evaluación del fin de la medida, el cual debe ser no solamente legítimo sino importante a la luz de la Carta; (ii) análisis de si la medida es adecuada, es decir, de su aptitud para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (iii) estudio de la necesidad de la medida, es decir, análisis de si existen o no otras medidas menos gravosas para los derechos sacrificados que sean idóneas para lograr el mismo fin; y (iv) examen de la proporcionalidad en estricto sentido de la medida, lo que exige una ponderación costo –beneficio de las ventajas que trae las medida frente al eventual sacrificio de otros valores y principios constitucionales.” (Sentencia C-372 de 2011, MP. Pretelt Chaljub)

Lo posterior corresponde al análisis de la sentencia C-470 de 2011 (MP. Pinilla Pinilla). Las normas fueron acusadas por:
“Las actoras consideran que esta norma vulnera los artículos 1°, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, así como varios instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, específicamente los artículos 14.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrito en San José de Costa Rica en 1948.” 

Normas a analizar.

1.      ARTÍCULO 45 LEY 1395 DE 2010. En remplazo del ARTÍCULO 5 del Código de Procedimiento Laboral. La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandante, a elección de este. En los circuitos donde no haya juez laboral.


La Corte consideró:

Decidió implementar el test de proporcionalidad en intensidad intermedia:

Finalidad de la medida: APROBADO. La finalidad de descongestionar el aparato jurisdiccional, en aras de que el mismo se encuentra muy cargado y que sirve como mecanismo complementario para garantizar el acceso  a la justicia, sin olvidar que estas medidas deben tener un carácter transitorio cuya única finalidad es superar el problema de recarga del sistema.

Idoneidad de la medida: NO APROBADO. Bajo las siguientes razones: 1. En la exposición de motivos de la ley no se ofrecieron evidencias estadísticas de que fueran idóneos para el fin; 2. No se reduce el número total de procesos laborales, la jurisdicción seguirá con la misma carga y el mismo número de juzgados para atenderlos; 3. Los empleadores y empleados, generalmente coindicen en estar domiciliados en el mismo sitio, en tal caso ni siquiera los juzgados de las principales ciudades se descongestionarían apreciablemente; y 4. La necesidad de utilizar despachos comisorios para la práctica de algunas pruebas en el lugar del domicilio del empleador cuando este sea demandado contribuiría a congestionar más.

Necesidad de la medida: NO APROBADO. Bajo las siguientes razones: 1. La medida específica es incapaz de por sí sola generar una solución concluyente. 2. No se pudo probar su idoneidad, menos es posible decir entonces que es necesaria.

Proporcional en sentido estricto: NO APROBADO. Bajo las siguientes razones: 1. Genera una dificultad directa para el derecho de defensa y acceso a la justicia del demandado independientemente de si lo es el empleador o el trabajador, quien deberá acudir a conseguir apoderado en el sitio de la demanda, en un lugar que podría ser hasta de difícil acceso, y en un período de tiempo corto que harían menos efectivo su derecho de defensa. 2. Confusión en el demandante a la hora de reconocer su propio domicilio, o en la medida de que no debe presentar prueba para justificar que ese es su domicilio podría convertirse la elección del sitio donde presentar la demanda en una condición puramente potestativa. 3. El juez deberá utilizar despachos comisorios en la etapa de pruebas debido a que será difícil establecer la veracidad de hechos ocurridos en otros lugares, que como ya habíamos mencionado genera más congestión y dificulta el transcurso del proceso.

“Conclusión: la regla según la cual el actor puede escoger que el proceso laboral se adelante ante el juez del lugar donde se prestó el servicio o ante el de su propio domicilio vulnera el principio de igualdad, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia.” Y por lo anterior declarada inexequible.

Norma vigente: “ARTÍCULO 5. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL LUGAR O DOMICILIO. La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del demandante.”

2.    ARTÍCULO 47 LEY 1395 DE 2010. En adición al Parágrafo 1º, adicionado al numeral 3ro del ARTÍCULO 77. Si en la audiencia o en cualquier etapa del proceso resultan probadas con documento pretensiones de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables de trabajador, el juez ordenará el pago y el proceso continuará en relación con las demás pretensiones.

La Corte consideró:

Decidió implementar el test de proporcionalidad en intensidad intermedia:

Finalidad de la medida: APROBADO. La finalidad de descongestionar el aparato jurisdiccional, en aras de que el mismo se encuentra muy cargado y que sirve como mecanismo complementario para garantizar el acceso  a la justicia, sin olvidar que estas medidas deben tener un carácter transitorio cuya única finalidad es superar el problema de recarga del sistema.

Necesidad de la medida: APROBADO. Reduciría el conflicto sobre el cual el juez deberá tomar su decisión, además de reducir el número de pruebas que se tomarían a cabo para tomar tal decisión.

Necesidad de la medida: APROBADO. Para alcanzar la finalidad, supone resultados tangibles en comparación con otra serie de medidas de las cuales también podría disponerse.

Proporcional en sentido estricto: NO APROBADO. Bajo las siguientes razones: 1. Es contraria a la naturaleza de los procesos ordinarios que se libren ordenes semejantes a un mandamiento de pago, es más, conlleva un riesgo intrínseco de que tal decisión se tome de manera prematura debido a que tal decisión puede ocurrir en cualquier parte del proceso, además de los inconvenientes de la imposibilidad de presentar excepciones de fondo, y las dificultades propias de que no se planteó que recursos eran procedentes para tal decisión. 2. Se convierte en una ventaja a los trabajadores, que deja los empleadores en un grave estado de inferioridad. 3. Las decisiones equivalen materialmente a una sentencia, sobre los cuales el legislador omitió hacer referencia a los recursos que contra ella procedía, pero sin justificar porque debía considerarse está decisión como de única instancia, aun así, si se considera que tal decisión es más semejante a un auto interlocutorio resultaría insuficiente el recurso de reposición.

Conclusión: “A partir de las anteriores consideraciones observa entonces la Corte que en cuanto la decisión anticipada de ordenar pagos en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 47 demandado equivale materialmente a una sentencia, salvo la única e insuficiente consideración de tratarse de un mecanismo de descongestión judicial, no existen en este caso razones precisas y constitucionalmente válidas que justifiquen la improcedencia del recurso de apelación que ordinariamente procede contra tales providencias. Así las cosas, esa tácita improcedencia de recursos es una razón adicional para concluir que esta regla resulta contraria a la Constitución.” Y por lo anterior declarada inexequible.

3.      ARTÍCULO 48 LEY 1395 DE 2010. En remplazo del ARTÍCULO 86 del Código de Procedimiento Laboral. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente. 

La Corte consideró que este tema se había resuelto en la Sentencia C-372 de 2011 (MP. Pretelt Chaljub). Nosotros, conforme a la sentencia inmediatamente citada hacemos el análisis de la Corte sobre la norma.

Las normas fueron acusadas por:
“Solicita la demandante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, por considerarlo violatorio de los artículos 2°, 13, 25, 53 y 229 de la Constitución Política”

La Corte consideró:

Decidió implementar el test de proporcionalidad en intensidad intermedia:

Finalidad de la medida: APROBADO. “Descongestionar la justicia es un fin no solamente legítimo, sino también importante. En efecto, una de las funciones más importantes del Estado Social de Derecho es la administración de justicia a través de procesos céleres y respetuosos del debido proceso. Ello entonces implica no sólo obtener una decisión de fondo sobre el asunto puesto a consideración de un juez, sino también la obtención de una repuesta pronta. Lo dicho anteriormente también es aplicable si se considera que el objetivo de la disposición es descongestionar específicamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto la pronta administración de justicia también debe ser predicable de los recursos extraordinarios.”

Idoneidad de la medida: NO APROBADO. La medida no ofrece descongestión judicial porque reducir la carga de la sala de casación laboral no implica la de toda la jurisdicción laboral.

Necesidad de la medida: NO APROBADO. Existen medidas menos gravosas para las garantías fundamentales y alcanzar la finalidad, y no solo esto sino que a su vez serían más eficaces. La Corte cita: “En efecto, tal y como lo describe el “Plan Sectorial de Desarrollo Judicial 2008-2010” del Consejo Superior de la Judicatura, el problema de la mora en el trámite de los procesos, no sólo se debe a su número sino a fallas estructurales dentro del sistema, como la insuficiencia de capital humano y operativo, la estructuración de los procesos, la falta de capacitación de los operadores judiciales, entre otros.”

Proporcional en sentido estricto: NO APROBADO. Bajo las siguientes razones: 1. Dificulta enormemente la disponibilidad de un recurso en materia laboral para los trabajadores cuando así lo requieran, vulnerando así sus garantías laborales. 2. Además el aumento de la cuantía para acceder a casación es demasiado alto y carece de justificación a nivel constitucional. 3. El aumento de la cuantía reduciría el número de casos que llegarán a la Corte, y a su vez la capacidad de unificar jurisprudencia. 4. Ocurre una diferencia injustificada muy grande entre la justicia contenciosa administrativa que solo exige 100smlmv. 5. El ejercicio del derecho a casación no puede deteriorarse por el solo hecho de querer reducir la carga de trabajo de la Corte. 6. La medida es regresiva porque el aumento en los últimos 20 años de los requisitos para acudir a casación ha sido de un 340%, mientras que los salarios devengados por los trabajadores han sido totalmente ajenos a un aumento de este tipo.

Con respecto al principio de progresividad y el de no regresión la Corte dijo que su real ejercicio “conlleva (i) la obligación del Estado ampliar la realización de todos los derechos fundamentales y (ii) la proscripción de reducir los niveles de satisfacción actuales mediante.”

“[E]el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.” Por esto, ampliar la cuantía necesaria para acudir a casación en la Sala Laboral constituirá un retroceso en torno a la concreción de los derechos fundamentales ya adquiridos carente de fundamento alguno.

Conclusión: La Corte declara inexequible la norma.

Norma vigente: “ARTÍCULO 86. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.”

¿Debe actualizarse la modalidad de pensión de retiro programado de acuerdo con el IPC?



Noticia extraída del Períodico Ámbito Jurídico, edición de la fecha 14 de marzo al 27 de marzo de 2012.

PALABRAS CLAVES:
Pensiones - Retiro Programado – Actualización - Reajuste – Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La Corte Constitucional reitera que todos los regímenes o modalidades de pensión están obligados a actualizar/reajustar anualmente y en concordancia con el IPC o el reajuste del SMMLV el monto de la pensión, lo anterior de acuerdo al Art. 14 de la ley 100 de 1993, y por ello ni siquiera la modalidad de Retiro Programado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad puede ser ajena a este mandato.

Extractos de sentencias:

Sentencia T-1052 de 2008 (MP. ARAÚJO RENTERÍA):
“Es claro que el reajuste anual de las pensiones tiene pleno sustento constitucional, pues busca garantizar la efectividad del derecho al mínimo vital de los pensionados. Esto por cuanto, permite corregir la desvalorización constante y progresiva de la moneda y mantener el poder adquisitivo de esa prestación económica. De ahí que si una pensión no es reajustada en las condiciones previstas en la ley, necesariamente, en términos reales, se verá reducida o congelada debido a que pierde su poder adquisitivo. Por ello, dado que el incremento anual de las pensiones busca garantizar que su valor no se deteriore frente al costo de los bienes y servicios que el pensionado requiere para su subsistencia, la omisión respecto de tal incremento implica la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital, pues cada año las posibilidades de acceder a dichos bienes y servicios será más limitada”. 

Sentencia T-020 de 2011 (MP. SIERRA PORTO):

La Corte analiza algunos de los principios constitucionales que operan dentro de la regla de indexar anualmente el monto de las pensiones:
“Igualmente para la configuración del derecho constitucional de los pensionados al mantenimiento del poder adquisitivo de la mesada pensional resultan también relevantes principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991, algunos de los cuales encuentran aplicación específica en derecho laboral, como el principio in dubio pro operario (art. 48 de la C.P.), mientras que otros son principios fundantes del Estado colombiano y tiene vigencia en todos los ámbitos del derecho y deben guiar la actuación de los poderes públicos y de los particulares, tales como el principio de Estado social de derecho (Art. 1 constitucional), la especial protección constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C. P.), el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P. ) y el derecho al mínimo vital.”

La Corte añade que asegurar un incremento anual a cualquier modalidad de pensión distinta al Retiro Programado conduciría realizar una discriminación sin justificación:
“Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se convierte en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos –los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.”

La Corte alude al precedente que se puede extraer hermenéuticamente de la sentencia T- 052 de 2008:
Se tiene, entonces, que de conformidad con el precedente sentado en la anterior decisión: (1) la falta de incremento anual de la mesada pensional de conformidad con el IPC vulnera el derecho fundamental al mínimo vital porque el reajuste anual de las pensiones permite corregir la desvalorización constante y progresiva de la moneda y mantener el poder adquisitivo de esa prestación económica; (2) la acción de tutela es el mecanismo idóneo para hacer efectivas pretensiones de esta naturaleza.

La Corte acepta que bajo ésta interpretación la modalidad de Retiro Programado lleva implícito un riesgo de que se agoten los recursos, y está en el deber de informar de ello la AFP:
“Ahora bien, esta interpretación conforme tiene claras implicaciones que no pasan inadvertidas a esta Sala de revisión, porque precisamente puede conducir a que la cuenta de ahorro individual del pensionado se descapitalice y en definitiva ocurra el evento previsto por el artículo 12 del Decreto 832 de 1996, es decir, que la Administradora deba contratar una póliza de renta vitalicia. Este riesgo precisamente encierra una terrible paradoja: que en virtud de los incrementos anuales la mesada pensional termine por reducirse a un salario mínimo mensual (monto mínimo de la pensión de renta vitalicia prevista por el inciso tercero del citado artículo), pero entiende esta Sala de revisión que este riesgo está implícito en la elección de la modalidad de retiro programado que hace el afiliado, quien debe tomar una decisión informada de las contingencias a las que está sujeta su elección y de los posibles riesgos a largo plazo que enfrenta. 
Esta información debe ser suministrada periódicamente al afiliado, al igual que sobre los saldos de su cuenta de ahorro individual, para que decida si permanece en el régimen de retiro programado o si prefiere trasladarse al régimen de renta vitalicia.”

Véase también la Sentencia SU-120 de 2003 (MP. TAFUR GALVIS), T-1169 de 2003 (MP. VARGAS HERNÁNDEZ), T-805 de 2004 (MP. VARGAS HERNÁNDEZ), T-815 de 2004 (MP. UPRIMNY YEPES), T-098 de 2005 (MP. ARAÚJO RENTERÍA).


Anexo:
Es importante no olvidar que la tutela debe presentarse en circunstancias especiales para ser prodecedente en la actualización de la pensión de acuerdo al IPC, sirve la sentencia T-906 de 2005 (MP. BELTRÁN SIERRA)  de precedente debido a que, a pesar del solicitante pedir el reajuste de su pensión de acuerdo con el IPC, tal pretensión no es concedida al considerar la Corte improcedente la tutela por no acudir a todas las posibles instancias anteriores.